La libertad religiosa es un hecho en España.
Cualquier ciudadano, cualquier extranjero, goza del derecho constitucional a practicar su propia religión y a no sufrir interrogatorio o discriminación por este motivo. Y en el ejercicio de este derecho, y como consecuencia de la inmigración magrebí, se han multiplicado por nuestra geografía los templos de oración al servicio de los musulmanes.
En 1992 existían 40 de estos oratorios mientras que hoy el número de mezquitas ha crecido hasta las 230. Una situación que no debiera causar problema alguno, pero que resulta hoy ciertamente preocupante por la amenaza del terrorismo de origen islamista y su relación con algunos de estos lugares religiosos, sobre todo evidenciada en los atentados del 11-S en Estados Unidos, y del pasado 11 de marzo en Madrid.
Los servicios de información de las Fuerzas de Seguridad del Estado eran ya perfectamente conocedores, antes de los atentados de Atocha, de la presencia entre nosotros de integrantes de grupos terroristas, en su mayor parte vinculados a la red de Al Qaida, que se sirven de la protección que les proporcionan las mezquitas para reclutar a simpatizantes, reunir fondos para continuar su particular guerra o eludir la acción de la Justicia.
LA RAZÓN publica hoy, en exclusiva, que los servicios policiales consideran que al menos un tercio de las 55 mezquitas de las que se tiene noticia de su existencia en la Comunidad de Madrid tiene o ha tenido conexión con grupos radicales. Desde la propia Al Qaida a Hamas, pasando por los Hermanos Musulmanes.
Otros informes, hechos públicos recientemente, confirman el imparable crecimiento de la comunidad musulmana, que en algunas ocasiones se ve infiltrada por individuos de ideología extremista que formaron parte de las guerrillas mujaidines en Afganistán, Chechenia y Bosnia.
La religión islámica no tiene una estructura jerárquica al modo de la Iglesia católica u ortodoxa, o de las principales ramas del protestantismo. Un solo individuo, sin formación específica, puede alentar el desarrollo de una comunidad de fieles sin ningún tipo de dependencia orgánica y sin más control del contenido de su predicación que el que ejerzan los propios parroquianos.
El problema tiene, pues, una doble vertiente: por un lado, el respeto que nuestra Constitución garantiza al libre ejercicio de la religión y, por otro, la inexistencia de una jerarquía musulmana que se responsabilice del uso correcto de ese derecho.
Urge, por lo tanto, impulsar la creación de un Consejo Mulsulmán, integrado por los representantes de las principales comunidades islámicas de España, que actúe de valedor y garante de los derechos y deberes de nuestros nuevos vecinos.
Fuente:La Razón
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