La apertura el pasado lunes del segundo juicio por la trama golpista Ergenekon ha puesto de manifiesto la «calma tensa» en las relaciones entre Ejército y Gobierno civil en Turquía. A pesar de que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) ha centrado su gestión más en la apertura económica y la candidatura a la UE que en promover la islamización, en Turquía son legión los que creen que esta formación tiene una «agenda oculta» para imponer una teocracia. Algo que los militares -formados en la tradición secular del kemalismo-no estarían dispuestos a tolerar.
«No olvidemos que en Turquía el ejército tiene ciertas funciones políticas y participa en la toma de decisiones mediante el Consejo de Seguridad Nacional [hoy reducido a una mera función consultiva]; hay un tutelaje militar», explica Ali Bayramoglu, analista de las relaciones entre el ejército y el gobierno. «Sin embargo, los militares han estado presionados estos últimos años para no intervenir en los procesos de decisión, como requiere la candidatura de adhesión a la UE. Y este cambio no ha ocurrido sin enfrentamiento entre el Gobierno civil y el ejército, que ve cómo se erosiona su poder».
Una nueva trama
La mayoría de los observadores consideran inviable un golpe de Estado al estilo clásico, como señala un informe de «European Stability Initiative». Pero el 12 de junio, el diario liberal «Taraf» desveló una nueva trama sin relación con Ergenekon, un llamado «Plan para combatir el fundamentalismo islámico», presuntamente escrito por el general en activo Dursun Çiçek.
Según «Taraf», el plan pretendía agitar a la vez todos los viejos fantasmas de los nacionalistas seculares turcos: desacreditar al AKP «por sus actos y palabras» mediante la acción de infiltrados, galvanizar a la opinión pública contra Armenia y Grecia usando los medios de comunicación, e incriminar a la Hermandad Islámica liderada por Fetullah Gullen, depositando armas en miembros de la cofradía para «demostrar que son terroristas» con vínculos con los separatistas kurdos del PKK. Una estrategia parecida se utilizó ya en 1997 para acabar con el gobierno islamista de Necmettin Erbakan.
Para Ali Bayramoglu, la situación está en un punto muerto: «Ni los militares están en posición de decirle a los poderes políticos lo que tienen que hacer, ni los líderes civiles pueden arriesgarse a una crisis de legitimidad presionando a los militares».
Pero a finales de junio, el parlamento aprobó una ley que no sólo permite a los tribunales civiles juzgar a oficiales del Ejército, sino que protege a los civiles de ser juzgados en causas militares. A diferencia de pasadas ocasiones, el ejército apenas protestó.
DANIEL IRIARTE
ABC.es 25-7-2009
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