La votación, realizada a iniciativa del Partido Popular suizo (SVP), ha contado con un 53% de los votos a favor y con una mayoría en el numero de cantones. Ambas condiciones son necesarias para realizar cambios en la Constitución.
La aprobación de la iniciativa presentada por el Partido Popular suizo (SVP), implica un cambio en la Carta Magna según el cual los foráneos sentenciados serían expulsados de forma automática, tras cumplir su pena, por un periodo de entre cinco y 20 años. Aunque será labor del Parlamento helvético finalizar la lista de delitos y darle forma al texto, la decisión de las deportaciones se realizará de forma directa sin tener en cuenta su situación socioeconómica, su estado de salud o el tiempo que lleven residiendo en Suiza.
Para los conservadores, esta medida ayudará a combatir la criminalidad entre los extranjeros. El 70% de los presos no tienen pasaporte suizo, aunque los partidos de la oposición recuerdan que esa cifra debe contextualizarse y que el problema es la falta de integración y no la nacionalidad de las personas.
Un año después de la prohibición de construir minaretes en el país, los suizos –y en especial las regiones más rurales del país, han vuelto a mostrar que no les gustan demasiado los extranjeros, a pesar de que su economía depende de manera considerable de su fuerza de trabajo.
Según los expertos, la ley entra en conflicto directo con el acuerdo de libre movimiento de personas firmado entre Berna y Bruselas en 1999, así como con la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea y la propia Constitución Suiza. Será ahora tarea del Parlamento redactar la ley final, aunque la tarea no será fácil sin molestar a sus vecinos europeos.
Como se preveía, los suizos han aceptado aprobar nuevas normas más estrictas en la deportación de los extranjeros condenados por delitos graves y por fraudes a la asistencia social.
Las cifras totales muestran un 52,9% de votos a favor de la iniciativa lanzada por la derecha. La propuesta también obtuvo el respaldo de la mayoría necesaria en los cantones.
La participación ha sido mayor de lo habitual -un 52% - un signo de la polémica que ha envuelto a los dos temas sometidos a votación.
En la compleja votación a escala nacional de este domingo, el electorado se enfrentaba a una elección entre una opción de línea dura y una versión de compromiso, debían aprobar o rechazar ambas propuestas.
La iniciativa del partido Unión Democrática del Centro (UDC / derecha conservadora) pidió la expulsión automática de los delincuentes extranjeros condenados. La opción alternativa del Parlamento optó por un examen caso por caso y por las medidas adicionales de integración.
El contraproyecto del Parlamento fue rechazado por el 54,2 % de los votantes y por todos los cantones.
La iniciativa pide la expulsión automática de delincuentes extranjeros cuyos delitos se incluyen dentro de una lista de alrededor de diez delitos, entre los que figura el fraude en la obtención de prestaciones de ayuda social.
Es este apoyo, puede ser, lo que convenció al Gobierno y a una mayoría del Parlamento para presentar un contraproyecto directo frente al texto de la UDC.
El catálogo de delitos debe ser completado por el Parlamento, aunque la propuesta niega a los jueces cualquier margen de apreciación o criterio en caso de deportación.
El texto ha recibido un fuerte apoyo popular desde su lanzamiento, ya que el texto fue firmado por casi 211.000 personas, el doble de lo que necesario.
Contraproyecto
El contraproyecto, promovido por partidos de centro-derecha y el gobierno, trató de introducir la deportación de delincuentes extranjeros que cumplen al menos dos años de prisión.
Las autoridades argumentaron a favor de mantener un estudio caso por caso para garantizar que la legislación suiza estaba en consonancia con los derechos constitucionales y los tratados internacionales. También propusieron que se establecieran medidas para impulsar la integración de los extranjeros.
El contraproyecto se dijo que tendría en cuenta la situación personal de cada delincuente, considerando por ejemplo si el infractor fueran de la segunda o tercera generación de inmigrantes sin nacionalidad suiza.
Con la ley actual, unos 750 extranjeros son expulsados de Suiza cada año. Sin embargo, existen diferencias regionales y los tribunales son libres de dictar una orden deportación, como un castigo adicional.
Reacciones
“En el futuro, los extranjeros que hayan cometido uno de los delitos mencionados en el texto de la iniciativa perderán automáticamente su derecho de residencia y serán deportados a su país de origen”, señaló el gobierno en un comunicado.
Además de destacar que la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, “se puso a trabajar sin demora en la aplicación de la iniciativa”.
“La mayoría de los votantes han enviado una clara señal de que consideran la criminalidad extranjera como un problema serio. El Consejo Federal (gobierno) respete la voluntad del pueblo y se pone trabajar en la tarea de ponerla en práctica”, prosigue.
El comunicado del gobierno también se refirió a los problemas en la aplicación de la iniciativa, diciendo que el parlamento tendría que redactar una lista para definir con precisión los delitos que darían lugar a la deportación.
Un portavoz de la UDC dijo que los votantes habían enviado una clara señal de que los “extranjeros delincuentes deberían ser deportados de manera sistemática”. La aceptación de la iniciativa marcó “el primer paso en el camino hacia una mayor seguridad”. Hay que crear lo antes posible el marco jurídico para la introducción de la iniciativa, según la UDC.
La Comisión Federal de Migración subrayó que la iniciativa será muy difícil de aplicar, además, el Estado no debe actuar de manera arbitraria en la deportación de los extranjeros, pero juzgar cada caso individualmente.
“Incluso los diputados de la UDC están de acuerdo en que nadie debe ser devuelto a un país para hacer frente a la tortura o la muerte. La deportación automática, cómo se exige en la iniciativa, no es posible”, dijo la comisión en un comunicado.
Las principales iglesias cristianas del país, que se habían opuesto tanto la iniciativa como al contraproyecto, pidieron que las deportaciones futuras sean juzgadas caso por caso.
En una declaración conjunta, la Federación Suiza de Iglesias Protestantes y la Conferencia Episcopal suiza, señalaron que las autoridades cantonales y federales deben garantizar que la aplicación de la iniciativa sea conforme a la Constitución. También dijeron que era importante que “no se proyecte una luz negativa sobre los inmigrantes”.
Impuestos
En una votación por separado, el electorado rechazó una propuesta de los sindicatos y de las formaciones de centro-izquierda para fijar un tipo impositivo mínimo para los ciudadanos ricos de todo el país.
El rechazo fue del 58% de los votantes y de una mayoría de los cantones.
La iniciativa tenía por objeto poner fin a lo que la izquierda dijo que eran los abusos de la autonomía fiscal para que los cantones disfrutaran del sistema federalista suizo.
La oposición vino de una alianza de partidos políticos de derecha y de centro, así como el gobierno, la mayoría de los cantones y en particular la comunidad empresarial.
Fuente: swissinfo.ch
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